LAS CINCO MUJERES QUE
REPARAN A LAS VICTIMAS DEL PAIS
Estas funcionarias cumplieron un año reparando a las personas víctimas
del conflicto.
El 28 de febrero hubo un duelo colectivo en el auditorio donde se
celebró el primer aniversario de la Unidad de Víctimas. Los funcionarios
entregaron matas de bambú a cada uno de los asistentes, y ellos y ellas,
víctimas del conflicto, respondieron con palabras, miradas, abrazos...
lágrimas.
Ella es la cabeza de la entidad que tiene la misión de reparar, pero,
sobre todo, devolverles la dignidad a millones de colombianos que resultaron
afectados por el conflicto armado. A su lado hay cuatro mujeres más, que se la
han jugado por devolverles la confianza a las personas que acuden diariamente
en busca de reparación.
Con tan solo un año de creada, la Unidad logró reparar, al 28 de
febrero, 157.800 personas (con un monto de 915.000 millones de pesos). Cerca de
82.000 víctimas pidieron orientación del Estado para convertir esa reparación
en un proyecto sostenible.
La experiencia Mampuján
Para Juana Ramírez, directora territorial del Cesar, esta tarea consiste
en sembrar para que la gente vuelva a creer en el Estado. Pero no es fácil
cuando el propio Estado dejó de lado por tantos años a las víctimas.
Tras la masacre de 12 personas en marzo del 2000, el desplazamiento de
300 familias y un largo proceso en la Fiscalía, Paula y su equipo heredaron un
proceso fracturado y con desconfianza. “Tuvimos momentos de dificultades con la
comunidad; nos dijeron en la cara que no confiaban, y, luego de hacer el
trabajo de restitución, reconocieron que la confianza estaba retornando, como
ellos a sus tierras... No me acuerdo de mayor satisfacción que esa”, agrega la
directora de la Unidad.
La mayoría de las víctimas busca sentirse reconocida. Tal vez por eso
los pobladores de Mampuján agradecieron que los escucharan. “Nosotros éramos
quienes debíamos estar agradecidos porque confiaron. Fue lo mismo que pasó con
la comunidad embera cuando retornó a sus tierras en Risaralda”, reflexiona Iris
Marín Ortiz, directora de Reparación.
Y aunque el registro de víctimas llega a los cinco millones y medio,
Lina Rondón, la coordinadora del equipo sicosocial, dice que cada persona tiene
un espacio preferencial. Ella lo sabe muy bien porque es la encargada de
recibir la descarga de rabia y reclamo que cada víctima lleva.
El rostro de la tragedia
Tal vez por eso la muerte de la lideresa Angélica Bello golpeó las
fibras más personales de estas cinco mujeres. La primera en llegar a la casa de
quien abogó ante el Gobierno por las mujeres víctimas de violencia sexual fue
Juana. Ella se encargó de mantener informadas a sus compañeras en medio del
dolor y las especulaciones de los medios de comunicación.
Con esa sinceridad de aceptar y reconocer lo que pueden hacer y lo que
ha fallado, Heyby Poveda, directora de Registro y Gestión de Información,
admite que se le parte el corazón cada vez que le toca rechazar alguna
solicitud, la mayoría de las veces porque no cumple los requisitos.
Precisamente, esta semana, la Corte Constitucional ordenó una inspección
judicial de este departamento por considerar que hay vacíos en la atención a la
población desplazada.
La Unidad tendrá que justificar en cada uno de los casos cuáles fueron
los criterios para incluir o excluir a las víctimas de desplazamiento, así como
explicar cuáles son los lineamientos de valoración y de respuesta en cada caso.
“Cuando estás al frente de una persona y eres madre, piensas en que
pueden ser tus hijos los que están en juego, y a veces es imposible hacer algo
porque la ley es estricta sobre quiénes pueden ser admitidos –dice Heyby–.
Siento que este trabajo es como cogerse de la mano con alguien y lanzarse al
vacío... En algún momento un paracaídas se abrirá. Hasta el momento se ha
abierto.”
El poder de la mujer
Y, sin lugar a dudas, tener cerca a
las víctimas de violencia sexual les ha dado la dimensión del ser mujer. “Ellas
me han enseñado a sobreponerme a esas cosas que a veces agobian y son mínimas
comparadas con sus historias. Me parece que, de todas las víctimas, ellas son
las más valientes, por la forma como han asumido lo que les pasó, haciendo de
su propio sufrimiento la oportunidad de acercarse a otras mujeres”, señala
Paula.
El otro aprendizaje ha sido el de la reparación. Se cree que siempre
está ligada al dinero, pero muchas personas prefieren una placa o un evento
público en el que el Estado les pida perdón.
Estas funcionarias saben que hasta ahora están recorriendo el camino y
que este es el más complicado de todos los que tiene el conflicto. “Cuando
miremos hacia atrás queremos tener la conciencia tranquila, no como empleadas
públicas, sino como ciudadanas. Por eso, esta entidad tiene una fecha de
vencimiento (10 años), simplemente porque estas historias no se deben repetir
nunca más”, concluye Paula.
“El secreto de este trabajo está en
poder sembrar cosas buenas para que la gente vuelva a creer en el Estado.”
Juana Ramírez
Directora Territorial Cesar
“Somos iguales y tan distintos... Hay
que mirar cómo podemos tender un puente desde nuestra igualdad, pese a la
diferencia.”
Iris Marín Ortiz
Directora de reparación
“En este camino hay frustraciones y nos toca demostrarles a las víctimas que
pueden volver a creer.”
Paula Gaviria
Directora de la Unidad de Víctimas
“A veces lloramos y nos han visto
secarnos las lágrimas y seguir atendiendo a las víctimas.”
Lina Rondón Daza
Coordinadora del equipo Sicosocial
“Es difícil cuando se tiene que decir
no, regido más por la estructura y las normas que porque no se sea víctima.”
Heyby Poveda
Directora Registro e Información
Los montos que fija la Ley
La ley de víctimas establece que recibirán reparación quienes hayan sido
afectados por el conflicto armado desde 1991. Las sumas que fija la ley están
contempladas en el Decreto 1390 del 2008 y se pagan dependiendo de la
afectación. Por homicidio, desaparición forzada y secuestro, 40 salarios
mínimos; por lesiones personales y sicológicas que produzcan incapacidad
permanente, hasta 40 salarios mínimos.
Lesiones que no causen incapacidad permanente, tortura, delitos contra la
libertad y la integridad sexual y reclutamiento de menores, hasta 30 salarios
mínimos, y desplazamiento forzado, hasta 27. En 82.000 casos, las víctimas han
solicitado orientación para invertir ese dinero en proyectos productivos o en
procesos que conserven la memoria de sus seres queridos, como grupos artísticos
y de apoyo a otras víctimas.
JINETH BEDOYA LIMA
Subeditora de EL TIEMPO
Publicación
eltiempo.com
Sección
Justicia
Fecha de publicación
31 de marzo de 2013
Autor
JINETH BEDOYA LIMA
